nacionalización

Nacionalización es el proceso por el cual el Estado asume la titularidad y la gestión de bienes o empresas que estaban en manos privadas, con el fin de ponerlos al servicio del interés público, garantizar servicios esenciales, o asegurar el control de recursos estratégicos. La transferencia puede realizarse mediante compra de acciones, expropiación o creación de empresas estatales, y suele estar regulada por un marco legal que, en muchos países, prevé alguna forma de indemnización al propietario privado, salvo excepciones establecidas por la ley.

Los sectores más frecuentemente objeto de nacionalización son la energía y los recursos naturales, el agua, las telecomunicaciones, el transporte y, en algunas economías, la banca. También puede dirigirse a industrias consideradas clave para la seguridad o el desarrollo económico. La nacionalización se distingue de la privatización, que es la transferencia inversa de activos del sector público al privado.

Las motivaciones pueden incluir asegurar servicios universales, reforzar soberanía económica, corregir fallos del mercado, o apoyar políticas de desarrollo y redistribución. Sus efectos son objeto de debate: puede aumentar la capacidad de planificación y seguridad de suministro, pero también generar tensiones con inversores, afectar incentivos a la inversión y la eficiencia, y plantear desafíos de gobernanza y compensación.

En el plano internacional, las expropiaciones suelen estar sujetas a compromisos contractuales y disputas ante tribunales de inversión; la legitimidad de una nacionalización depende del marco jurídico y de su proporcionalidad y no discriminación.